La Diputación habilita una línea de ayudas para instalar desfibriladores en instalaciones deportivas municipales

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La Diputación habilita una línea de ayudas para instalar desfibriladores en instalaciones deportivas municipales

La institución provincial destina 400.000 euros a financiar la adquisición e instalación de estos equipos por parte de ayuntamientos y juntas vecinales 

El área de Deportes de la Diputación de León, que dirige la diputada Susana Folla, ha habilitado una nueva línea de ayudas dirigida a financiar la adquisición e instalación de desfibriladores en instalaciones deportivas de ayuntamientos y juntas vecinales de municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes. Este lunes se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la convocatoria y las bases que regulan estas subvenciones que cuentan con una dotación de 400.000 euros.

El objetivo es financiar la adquisición e instalación de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) y el curso de técnicas de uso en instalaciones deportivas y espacios deportivos convencionales de entidades locales para convertirlos en espacios cardio protegidos, con elementos necesarios para asistir a una persona en los primeros minutos tras una parada cardíaca y conseguir intervención adecuada y precoz a través de una correcta resucitación cardiopulmonar (RCP).

Cada entidad local beneficiaria accederá directamente a una ayuda lineal de 1.500 euros, sin que en ningún caso se pueda superar el 90% del coste, y sólo se subvencionará un desfibrilador por cada entidad local solicitante.

Se consideran gastos subvencionables los de adquisición del desfibrilador, instalación, mantenimiento y los gastos de formación en el uso de los desfibriladores por personal no sanitario. Son objeto de esta subvención los DESA adquiridos entre enero y septiembre de este año. El plazo para solicitar estas ayudas se abre este martes y se prolongará hasta el 5 de junio.

Esta iniciativa se enmarca en ‘León Sostenible’, el sello de calidad de la Diputación de León que distingue las políticas y acciones provinciales coincidentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) recogidos en la Agenda 2030, que, a su vez, generan un impacto social y medioambiental positivo en el mundo rural, contribuyendo así a su desarrollo.

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