La Consejería de Industria, Comercio y Empleo destina más de un millón de euros a políticas de impulso rural en diputaciones provinciales y Consejo Comarcal del Bierzo
La Consejería de Industria, Comercio y Empleo destina más de un millón de euros a políticas de impulso rural en diputaciones provinciales y Consejo Comarcal del Bierzo
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado hoy un paquete de subvenciones, por valor de 1.080.000 euros, dirigido a las nueve diputaciones provinciales y al Consejo Comarcal del Bierzo, con el fin de apoyar actuaciones que contribuyan al desarrollo rural. Las subvenciones van destinadas a financiar los costes laborales derivados de la contratación de los Agentes de Impulso Rural que asuman esas labores.
Las subvenciones, concedidas por parte de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, permitirán la contratación de un total de 54 agentes de impulso rural durante un año. Estos profesionales, que serán contratados por las entidades beneficiarias, deberán promover el desarrollo local, potenciando la explotación y el aprovechamiento de los recursos endógenos en el ámbito rural, tales como recursos forestales, artesanales, turísticos o culturales. Así mismo, deberán promover el empleo mediante la prospección empresarial y el impulso de actividades que contribuyan a generar dinamismo económico y social en el entorno.
Cada provincia recibe, a través de su diputación provincial, una subvención de 120.000 euros; cuantía que en el caso de la provincia de León se distribuye entre la Diputación y el Consejo Comarcal del Bierzo, con una subvención de 80.000 y 40.000 euros, respectivamente.
La ayuda concedida equivale a una subvención de 20.000 euros por cada contrato de trabajo a jornada completa y durante un periodo de un año. Las personas contratadas para desarrollar las labores de impulso rural deberán contar con una licenciatura o grado, estar desempleadas e inscritas en el Servicio Público de Empleo.
Los contratos deberán formalizarse de forma preferente con mujeres, siendo colectivos prioritarios las personas jóvenes menores de 35 años, desempleados de larga duración -especialmente con cargas familiares-, y parados mayores de 45 años.
