La ULE, los representantes estudiantiles y la FGULEM expresan su oposición al ‘Estatuto del Becario’ #empleo #becario #estatutodelbecario @Unileon
La ULE, los representantes estudiantiles y la FGULEM expresan su oposición al ‘Estatuto del Becario’
Entienden que podría dificultar la titulación en el próximo curso académico a gran parte de los estudiantes universitarios de la Universidad de León.
La Universidad de León (ULE), la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), y la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (FGULEM), han dado a conocer un comunicado en el que se expresa la oposición a la aprobación sin consenso del denominado ‘Estatuto del Becario’ que, presumiblemente, aprobará el gobierno en los próximos días.
En el texto que han elaborado se explica que “tal y como han manifestado desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, de la que forma parte la Universidad de León, la CEOE, CREUP y la RedFUE (Red de Fundaciones Universidad Empresa), de la que forma parte FGULEM, no se debe legislar ‘in extremis’, sin consenso y sin haber escuchado a la Comunidad Universitaria”.
En el resto del documento hecho público se critica que se legisle sin tener en cuenta a la comunidad universitaria, que se haga desde el ámbito laboral y no desde el formativo, que se apruebe una legislación inaplicable y, aunque se entiende que es necesaria una legislación que impida cualquier fraude, se pide que se haga de forma consensuada y con toda la comunidad universitaria. El texto completo es el siguiente:
– Legislar desde el consenso
Legislar sin tener en cuenta a la comunidad universitaria, que diseña los planes formativos, no puede ser una buena decisión.
El ‘Estatuto del Becario’ se ha desarrollado a espaldas de la comunidad universitaria, y se trata de una decisión unilateral tomada por el Ministerio de Trabajo, junto con los sindicatos CC OO y UGT. Ni la Conferencia de Rectores, ni la Conferencia de Consejos Sociales, ni la Coordinadora de Estudiantes, ni la Red de Fundaciones Universidad Empresa están de acuerdo con el texto que ni siquiera han podido debatir.
– Legislar desde el ámbito formativo
En nuestro ordenamiento, la regulación de las prácticas externas de los estudiantes de formación profesional, de los estudiantes universitarios y las prácticas no laborales de los egresados, ha sido abordada en diferentes ocasiones, por diferentes normas y con diferentes denominaciones. Pero siempre ha sido diseñado desde el ámbito de la formación, nunca desde el ámbito laboral.
Siempre ha tenido como denominador común la firme convicción de que las prácticas que se realizan en empresas, instituciones, en los propios centros formativos, o en entidades públicas y privadas, en el ámbito nacional o internacional, contribuyen a la formación integral del estudiantado, son una actividad exclusivamente académica de carácter formativo y son una herramienta clave para la inserción laboral de nuestros titulados.
Si el ‘Estatuto del Becario’ ve la luz podría provocar que miles de estudiantes no puedan titularse el próximo curso escolar, puesto que no tendrán lugar dónde hacer las prácticas, no podrían cumplir su plan de estudios.
– Una legislación inaplicable
Será una legislación inaplicable que no pone el foco en los problemas reales del estudiantado, en su formación en prácticas curriculares y extracurriculares y sin solucionar los problemas de gestión necesarios para un funcionamiento eficaz y efectivo del Estatuto, como lo es ya la legislación sobre cotización de los becarios a la Seguridad Social, que ha visto como la conferencia de Rectores, el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Educación están pidiendo una moratoria por la imposibilidad de ponerla en marcha en el plazo establecido.
Además, desde los propios Ministerios ya se han puesto en contacto con las universidades para comunicarles que, si ellas no se hacen cargo del pago a la Seguridad Social y de la gestión de la misma, no acogerán estudiantes en prácticas.
– Una legislación necesaria
Todos estamos de acuerdo en la necesidad de establecer una legislación que impida cualquier posible fraude, pero se debe legislar para mejorar lo existente, de forma consensuada, sin sesgos de confirmación y con toda la comunidad universitaria, no sólo con los agentes sociales.
