El portavoz del Grupo VIA en Villarejo de Órbigo pide la dimisión del Alcalde por dejar caducar “deliberadamente” cuatro expedientes urbanísticos
El Comisionado de la Transparencia dicta cuatro Resoluciones y otras nueve el Procurador del Común en Castilla y León, ante la obstrucción total al derecho de Representación ciudadana del Grupo Mayoritario VIA. Y el incumplimiento deliberado en la tramitación de Expedientes Urbanísticos Municipales por parte del Equipo de Gobierno PP-PSOE en el Ayto de Villarejo de Orbigo.
Los Concejales del Grupo VIA, han solicitado en múltiples ocasiones desde el inicio de la Legislatura, tanto por escrito como en los Plenos Ordinarios, numerosa documentación y la información de asuntos de interés vecinal y municipal. Sin que ni una sola de ellas haya sido atendida por el equipo de Gobierno Municipal PP-PSOE en el Ayuntamiento de Villarejo de Orbigo. Ante lo que tuvieron que acudir en busca de ayuda al Comisionado de la Transparencia de Castilla y León. Dictando ya en el mes de mayo de 2021 las correspondientes Resoluciones Ejecutivas, de los cuatro expedientes, que, aunque obligan a su cumplimiento.
“La actitud del Equipo de Gobierno PP-PSOE en el Ayuntamiento de Villarejo de Orbigo; negándose a auxiliar económicamente a las Juntas Vecinales. No respetando las Convocatorias de Plenos. No respetando la proporcionalidad en las Comisiones Informativas. No respetando las convocatorias ordinarias de las Comisiones.
La descoordinación total en la gestión de las terrazas y la falta de cumplimiento con la Legislación Local y respeto democrático con los derechos del grupo Mayoritario VIA que representa a los vecinos del Municipio. Estar cometiendo con su pasividad, falta de control deliberada en la tramitación de los expedientes urbanísticos negligencias graves, que ha provocado que los expedientes, a pesar de las infracciones urbanísticas, hayan caducado sin haberlos resuelto. Ha hecho necesario, que VIA, acuda igualmente al Procurador del Común en busca de auxilio ante los atropellos que se están cometiendo.
Y aunque durante más de un año el Equipo de Gobierno PP-PSOE ha estado desatendiendo todas las peticiones de información, documentación y colaboración que les hizo llegar. Finalmente se han visto forzados a aceptar, en la pasada Junta de Gobierno del 7 de enero de 2022 la nueve Resoluciones del Procurador del Común.
La deficiente gestión urbanística en el Municipio unido a la falta total de información al grupo de la oposición en esta materia a lo largo de toda la Legislatura ha provocado que, en dos Plenos Ordinarios, su portavoz, Joaquín Llamas, haya pedido también el cese del Concejal de Urbanismo.
Pero ha sido en el Pleno Ordinario del pasado 14 de enero de 2022 en los Ruegos y Preguntas, cuando el Portavoz de la oposición ha pedido la dimisión del Alcalde, José Manuel Acebes Alonso, y el cese del concejal de Urbanismo, Tomás Benavides Lastra, por “negligencias muy graves en materia urbanística, al comprobar que en la tramitación de cuatro expedientes urbanísticos desoyen intencionadamente los informes del Procurador del Común, del Arquitecto Municipal y de los Servicios Jurídicos Municipales. Comportándose con total pasividad e inactividad ante las infracciones urbanísticas. Sin importarles que el plazo para resolver el procedimiento sancionador y el de restauración de la legalidad urbanística sea de seis meses desde la incoación [artículo 115.5 a) de la Ley 5/99, artículo 358 d) del Decreto 22/2004 y STSJCyL de 14 de Julio de 2016 y 9 de mayo de 2019].. Expedientes que se iniciaron el 15 de enero de 2021 y el 29 de mayo de 2021, se han quedado sin resolver y a día de hoy están caducados”.